La lucha por el agua: la minería la malgasta y los pueblos la pierden

El 7 de diciembre de 2020, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, evidenciando su doble condición de recurso limitado y mal distribuido. En la Argentina, aunque a muchos todavía les cueste imaginarlo, alrededor de 7 millones de personas no tienen acceso a una red pública que los abastezca de agua potable. La poca o nula inversión en infraestructura por parte del Estado y la falta de escrúpulos de productores y emprendedores privados que, incluso, llegan a desviar los cursos naturales de los ríos para su propio beneficio, fomentan un reparto desigual de eso que ya muchos consideran el “oro azul”. La industria extractiva –petroleras y mineras– juegan un papel estelar en la crisis hídrica, acaparando millones de litros diarios y condenando a los pueblos a la sed o, algo aún más perverso, al riesgo de consumir agua contaminada.

“El Estado nos vende”

Los vecinos de la neuquina Añelo, capital de Vaca Muerta, hartos de no tener agua, cortaron las rutas y los accesos de los camiones a las instalaciones petroleras. Los 40 grados de enero y la imposibilidad de higienizarse en un contexto de pandemia hubieran alcanzado para justificar la protesta en cualquier rincón del país. En Añelo tienen un motivo extra.

“Los vecinos de la capital nacional del fracking no tienen agua, pero a 20 kilómetros de ellos se desarrolla una técnica hidrocarburífera que gasta millones de litros. Los pozos más grandes, como los de Tecpetrol, usan 90 millones de litros de agua en cada proceso de fractura, el equivalente a unos 3800 camiones cisternas al tope o lo que gastaría una familia en 120 años de consumo. Las empresas pagan por esa agua que usan 4,9 pesos el metro cúbico, es decir, mil litros de agua a menos de cinco pesos. Entonces, por un pozo grande gastan hasta 450 mil pesos que a priori parece mucho, pero que no llega a ser el 0,01% de lo que reciben por subsidios”, explica Fernando Cabrera, investigador del Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

Día de los Humedales sin festejo
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, pero en la Argentina lejos está de significar un festejo. Si bien representan aproximadamente el 21% del territorio y ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías y las fuertes lluvias, entre otros beneficios, aún no existe un marco legal que los proteja, siendo permanentemente amenazados por actividades como la ganadería, los proyectos inmobiliarios y la minería.

Se calcula que más de 300 mil hectáreas fueron arrasadas por los incendios de 2020, provocados intencionalmente por productores o emprendedores privados, en la zona del Delta de Paraná, lo que causó un grave daño a la biodiversidad del lugar, conformada por unas 700 especies de plantas y otras 500 de vertebrados, entre mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.

Varias organizaciones ambientales exigen una ley urgente que incluya un inventario de los humedales a nivel nacional, una moratoria para impedir que se sigan deteriorando y que agregue una figura de delito penal con multas significativas para quienes los destruyen.

La amenaza de otro Veladero

El emprendimiento minero Veladero consume 110 litros de agua por segundo, es decir, 9 millones de litros por día, y opera sobre un área periglaciar, según destacan expertos internacionales y reconoce la propia empresa en su informe de impacto ambiental, violando la Ley de Glaciares, sancionada hace más de diez años. En paralelo, el Artículo 264 del Código de Minería establece el cierre definitivo de la explotación luego de tres infracciones graves. Veladero ya pasó ese número y, sin embargo, solo purgó suspensiones.

Esos derrames contaminaron el río Jáchal con mercurio (hecho constatado por los análisis de la Universidad de Mendoza), un metal pesado que el propio Ministerio de Salud de la Nación califica de “altamente tóxico”, explicando que la exposición (incluso a pequeñas cantidades) “puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida, ya que puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones, riñones y ojos”.

Pese a estos antecedentes, también en San Juan, en el departamento Iglesia, se puso en marcha la mina de cobre Josemaría (de acuerdo al informe técnico presentado consume 550 litros de agua por segundo, unos 45 millones al día). Proyecta la construcción de un dique de cola de unos 190 metros de altura, que recuerda al de Mina Gerais, en Brasil que, luego de una rotura en 2019, causó las muertes de más de 250 personas. El plan ignora el terremoto que hubo en la zona en 1984 y que alcanzó los 8,2 en la escala de Richter.

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