Mediante un decreto, se decidió mantener la misma escala de cargas patronales que en 2019, beneficio concedido por el artículo 24 de la Ley 27.541 de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública».
El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2021 el actual beneficio en contribuciones patronales de los establecimientos de educación privada, a través del Decreto 1042/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
En efecto, se prorrogó el beneficio concedido por el artículo 24 de la Ley 27.541 de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública», que llegaba hasta fines de este año.
Cabe recordar que la Ley 27.541 determinó, entre otras cuestiones, un nuevo nivel de contribuciones para la actividad privada en general, pero eximió a la educación privada del mismo durante 2020, y lo mantuvo en la misma escala que en 2019, en el marco de la pandemia de coronavirus y su impacto en el sector.
Cerca del vencimiento de la reglamentación, el Gobierno consideró que las disposiciones establecidas en esa ley para 2021 «producirían un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones» de educación privada.
Remarcó que ése incremento «sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires», ya que puntualizó que «las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente».
Además, subrayó que «dado que la mayoría de los establecimientos educativos de gestión privada goza de aporte estatal, siendo estos financiados únicamente por las provincias, el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias provinciales».
«Ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los y las docentes curriculares sino también para el pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios», precisó el decreto.
Por último se indicó que, «en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos, afectando su economía».