Dr. Eugenio Semino – Defensor de la Tercera Edad – Pte. de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG)
Cualquier bono, cualquier asistencia ocasional, sea con el formato que sea, ofrecida a los jubilados y jubiladas de Argentina es una ratificación de su precarización y exclusión social. La mera existencia de ese tipo de asistencias confirma la pérdida de status que la persona jubilada viene sufriendo hace años.
Una persona que se jubiló es alguien que trabajó y aportó durante 30 o 40 años. Esa plata que el Estado le retuvo durante una buena parte de su vida sirvió para sostener un sistema previsional que nunca pudo prever nada y que siempre estuvo a disposición de los intereses políticos de turno.
Ahora que le corresponde cobrar recibe una miseria que está tres veces por debajo de sus necesidades, dado que la Canasta Básica del Jubilado ($75.505) triplica la jubilación mínima ($25.522) Ese desfasaje colosal se intenta subsanar con bonos o “ayudas” de $6000.
¿No es eso, acaso, una violación de sus derechos? ¿No implica esto la destrucción misma del concepto de jubilación? En Argentina jubilarse es recibirse de pobre, es pasar de tener un sueldo por el trabajo a recibir un subsidio para la subsistencia.
No hay promesas electorales que resuelvan este problema. De hecho, es la misma lógica miserable y cortoplacista que se esconde detrás de esas promesas la que generó esta situación.