El descontento no baja tras la errónea liquidación de la Dirección General de Cultura y Eduacción en asignaciones familiares que llevaron a descontar a más de 9.000 agentes las sumas abonadas en cuotas.
Los gremios salieron con los tapones de punta y desde el organismo que conduce Agustina Vila, se muestran intransigentes a encontrar una solución para evitar un descuento que perjudique el bolsillo de los trabajadores.
Consultados por este medio sobre las medidas para enmendar el descuento en cuotas, no hubo respuesta desde la DGCyE y se ratificó lo expresado en el último comunicado del organismo.
Desde la cartera educativa, se explicó que en estos casos, al aplicarse la pauta salarial de febrero y marzo de la ley 10.430, se elevaron los salarios brutos más allá de las escalas existentes para Asignaciones Familiares, lo que impactó en el cambio del tramo de asignaciones familiares (reduciendo el monto a pagar por cada asignación).
Este mismo criterio corresponde aplicarlo para el período de liquidación febrero—Julio 2020, erróneamente liquidado y pagado en más. Este ajuste liquidatorio generó una deuda retroactiva a febrero de 2020 en los casos que superaron los ingresos establecidos para cada tramo de las Asignaciones Familiares.
De esta manera, y con el fin de retener las sumas pagadas en más, desde la cartera educativa se valorizó la deuda de cada agente y, considerando el impacto en el ingreso de bolsillo que genera el cargo por la deuda, se definió un esquema de retención de la deuda en cuotas a partir de la liquidación del sueldo de octubre de 2020.
Sobre esta polémica, el dirigente de ATE Rubén Schaposnik, sostuvo en diálogo con LaTecla.Info: «Todavía no hay una respuesta positiva del Ejecutivo, no hay una resolución y la definición es sostener la medida y si bien no están agotadas las instancias, porque estamos en términos de deliberación de partitarias de Salud y en diciembre con la paritaria general debería acordarse»
En esta misma línea el dirigente gremial sostuvo: «Nosotros presentamos una carta a la ministra de Trabajo como ámbito de mediación de este tipo de cuestiones, si bien no es el ámbito de resolución, pero genera los ámbitos para el diálogo colectivo. También llegamos con el reclamo a la Ministra de Educación que es quien tiene la potestad de resolverlo»