Así precisa un informe privado, basado en datos oficiales. Más de 359.000 adultos mayores necesitan alquilar una propiedad donde vivir, más del doble que en 2004, cuando eran poco más de 164.000. Causas del fenómeno, localidades más afectadas y por qué es tan difícil acceder a la vivienda propia.
No solo los jóvenes tienen problemas de acceso a la vivienda propia; los adultos mayores también enfrentan situaciones adversas en tiempos de crisis económicas consecutivas.
En la Argentina, el acceso a la vivienda se convirtió en un desafío difícil de superar para todos los grupos etarios, incluidos los adultos mayores, quienes enfrentan obstáculos significativos para adquirir una propiedad.
Según un informe reciente de la Fundación Tejido Urbano, más de 359.000 adultos mayores en el país recurren al alquiler para poder habitar una vivienda, más del doble que hace 20 años. Este fenómeno, conocido como “inquilinización”, refleja un problema habitacional que se suma a otros, como la cobertura de salud y las dificultades económicas agravadas por varias crisis y salarios muy por debajo de lo que una familia necesita para vivir dignamente.
El informe, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló que el 7,25% de la población mayor de 60 años en Argentina vive en alquiler, representando el 6,58% del total de inquilinos a nivel nacional.
El aumento de adultos mayores que alquilan está estrechamente relacionado con las dificultades para acceder a la propiedad (falta de créditos hipotecarios que, aunque se reintrodujeron este año, no son fáciles de alcanzar para los mayores de 60 años), tendencia que se profundizó tras la crisis económica de 2001.
Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, señaló que la situación de los adultos mayores inquilinos es especialmente delicada. “Además de la vulnerabilidad económica, enfrentan mayores problemas para asegurar una vivienda estable y accesible. El incremento de inquilinos en este grupo no solo muestra la falta de acceso a la propiedad, sino también la permanencia de formas de tenencia precaria, como la ocupación irregular o la vivienda en barrios populares”, señaló.