El Gobierno de Axel Kicillof dio un paso clave para la implementación plena de la Ley de Víctimas, sancionada por la Legislatura bonaerense en diciembre de 2020, después de muchos años de pelea a las asociaciones, Ong’s y familiares. La norma hasta el momento se encontraba renga.
El Ejecutivo firmó en las últimas horas un convenio con el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) para la puesta en marcha oficial del registro provincial de abogados/as de la víctima, previsto en los artículos N°15 y 16 de la Ley de Víctimas, y por consiguiente para garantizar el patrocinio gratuito en todo el territorio bonaerense.
“Estamos más que satisfechos con el logro, es un trabajo de mucho tiempo. Con este convenio se va a implementar plenamente la Ley de Víctimas. Es un reclamo que venían haciendo los colectivos”, remarcó Roberto Almeida, presidente del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires a Diputados Bonaerenses.
El convenio, entre otras cosas, dispone que los letrados deberán capacitarse para actuar con una “perspectiva de reparación integral no revictimizante, interdisciplinaria, con enfoque en los derechos humanos y la perspectiva de género”. Es una disposición que también figura en la Ley de Víctimas.
“Los familiares nos pidieron por el cumplimiento de este artículo. Hubo cuatro o cinco casos que nos llegaron y los resolvimos uno por uno en 24 horas. Sin que este el convenio logramos el patrocinio de varias víctimas”, contó Almeida sobre el trabajo del Consejo de Víctimas.
El documento fue firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y por el presidente del COLPROBA, Bienvenido Rodríguez Basalo, con presencia de diferentes integrantes del Consejo de Víctimas que vienen realizando una denodada terea para la implementación de la ley.
“Los abogados que van a estar inscriptos en un registro van a poder representar a las víctimas, además tanto el fiscal como el juez van a tener que avisar existe este derecho. Pronto comienzan los cursos intensivos para que en agosto tengamos este derecho consagrado”, dijo Almeida.
El titular del Consejo remarcó que el organismo afirmado por ley participará de las capacitaciones a los letrados que se inscriban para que haya “una perspectiva de las víctimas”. “En otras gestiones había convenios a las víctimas lo atendía un abogado laboralista o que no era experto, había mucha diferencia con los abogados de los victimarios”, diferenció Almeida.
“Desde el primer momento que conformamos el Consejo de Víctimas peleamos por la ley y porque se garantice nuestro trabajo a través de la normativa, más allá de que no tengamos demasiada difusión. Todas las semanas recibimos casos y atendemos uno por uno buscando solución”, postuló Almeida.
El titular del Consejo también contó que trabajan “todo el tiempo con fiscales y jueces de la provincia de Buenos Aires”. “En las últimas horas en Merlo, tres personas fueron detenidas después de un año de estar prófugas y fue un caso que siguió de cerca el Consejo de Víctimas”, aclaró.
Sobre el patrocinio gratuito que tendrán las víctimas bonaerenses, el titular del Consejo aclaró que tendrán prioridad las personas que no tienen el acceso a la Justicia y que más lo necesiten.
En rasgos generales, la Ley de Víctimas “garantiza y asegura a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
En Las Flores Susana D´agosto es la referente del reclamos de víctimas.
Roberto Almeida, presidente del Consejo de Víctimas:
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Ley de Víctimas: qué dice sobre el patrocinio gratuito
El Capítulo IV de la Ley de Víctimas es el encargado de regular el ejercicio de los abogados de las víctimas, así como el registro de letrados. Repasa a continuación los artículos en cuestión:
ARTÍCULO 15.- Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la figura del Abogado/a de la Víctima, quien deberá representar los intereses personales e individuales de las víctimas, definidas en el artículo 4° de la presente Ley, en cualquier proceso penal.
En los procedimientos indicados en el párrafo precedente, será obligatorio informar a la víctima de su derecho a ser legalmente representada por un abogado/a del Registro de Abogados/as de la Víctima.
ARTÍCULO 16.- Créase el Registro Provincial de Abogados/as de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en el territorio provincial.
Para integrar dicho Registro será obligatorio, además de lo supra expuesto:
a. Matrícula con fecha de expedición de título profesional con la antigüedad requerida por la reglamentación, la cual en ningún caso podrá ser inferior a tres (3) años.
b. Los candidatos deberán acompañar su currículum vitae completo (detallando actuación, experiencia, capacitación, interés y/u orientación en el fuero).
c. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo el dictado de un curso especializado, con perspectiva de género y obligatorio relativo a los derechos humanos y garantías de las víctimas. Contar con la aprobación de este será requisito indispensable para los matriculados que deseen integrar el registro.
d. Los matriculados seleccionados e incorporados al Registro deberán prestar conformidad con las condiciones fijadas para el ejercicio de dicho patrocinio, debiendo aceptar además que los casos que se le asignarán no podrán superar el límite que establezca la reglamentación para el buen atendimiento de los mismos.
e. Tendrán derecho a una capacitación permanente y gratuita en la materia penal y procesal penal.
f. La renuncia a los casos asignados a los abogados/as patrocinantes se regirán por los principios y normas que determine la reglamentación atendiendo, ineludiblemente, a priorizar la continuidad letrada de acompañamiento de la víctima en todo momento. Debiendo notificar dicha renuncia, en el expediente y a la Autoridad de Aplicación, con una antelación no menor a treinta (30) días hábiles. En caso de incumplir con esta obligación serán inmediatamente excluidos del Registro. En caso de abandono, además, se dará intervención al Tribunal de Disciplina a los efectos que considere pertinentes.
ARTÍCULO 17.- El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios Departamentales y proveerá los soportes informáticos necesarios a tales efectos. El Registro se encontrará a disposición de la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Buenos Aires cada vez que éste lo requiera.
ARTÍCULO 18.- La nómina de los Abogados/as de la Víctima inscriptos en el Registro, deberá ser difundida a fin de garantizar su accesibilidad, a través de todos los recursos informativos con que cuenta tanto la Suprema Corte de Justicia, los distintos Departamentos Judiciales, así como con los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia dependientes del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 19.- El Estado Provincial a través de su correspondiente Autoridad de Aplicación abonará los honorarios por la actuación de las/los abogados/as defensores/as de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 14.967.
A través de la reglamentación se preverá el procedimiento para acreditar tal extremo, y el diferimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 8.480 y el anticipo previsional dispuesto en la Ley N° 6.716.
El Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, establecerán por convenio las pautas para acceder al patrocinio y demás estipulaciones referidas al cobro de los honorarios regulados.
La reglamentación determinará las demás funciones que hagan a la implementación de la presente norma a través de la intervención de la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 20.- La asistencia y representación que los/las abogados/as de la víctima ejerzan, lo es sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 14568, pudiendo en su caso coexistir ambos patrocinios letrados.