El procedimiento para detectar la producción y la distribución de abuso sexual infantil requiere del trabajo conjunto de instituciones y organismos de distintos países, pero suele comenzar con la alerta del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual (Ncmec, por sus siglas en inglés). Se trata de una ONG estadounidense que tiene convenio con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y con las principales empresas de Internet para monitorear el contenido que circula por la web y detectar potenciales situaciones de pedofilia.
Sobre este profundo y aberrante tema habló en la Radio, AM 1210, En Contacto el Fiscal Dr Lucas Moyano quien está levando adelante junto al fiscal General Marcelo Sobrino, una gigante tarea para atrapar a los delincuentes sexuales que pululan en las redes de la dark web.
Los reportes que recibe el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de este convenio, tienen cuatro categorías.
La primera categoría, identificada formalmente con el número 1, refiere a que hay un menor en situación de peligro, es decir, cuando se detecta que el niño está siendo abusado en un video en vivo. La segunda (2) advierte que hay un menor al alcance del denunciado, cuando, por ejemplo, toda la pornografía que se detecta proviene de un mismo menor o cuando existe información de que el menor es parte del entorno familiar. La tercera (3) implica que las características de las imágenes son de factura amateur y no profesional, pero que en principio no hay datos ciertos de que ese menor tiene un contacto con el pedófilo. Finalmente, la cuarta categoría (identificada con la letra E) significa que hay denuncias de las prestadoras de contenidos de internet, Ncmec no las analiza pero sí las envía al país correspondiente.
En Buenos Aires, cada uno de los reportes especifica la IP a través de la cual fueron enviadas las imágenes. El CIJ verifica a qué proveedor de Internet pertenece esa IP y se comunica con el proveedor para que le aporte datos del usuario. Cuando el fiscal considera que tiene las pruebas suficientes, solicita el allanamiento de todos los domicilios involucrados y, eventualmente, la detención de los imputados. También se solicita al juez la protección de los menores en riesgo. Finalmente, se realizan los peritajes sobre los dispositivos secuestrados en el allanamiento, lo que puede generar nuevas investigaciones en caso de detectarse una red de pornografía o nuevas víctimas, y se sigue el resto del procedimiento que la justicia indica para estos casos.
“Argentina está dentro de los 10 países más consumidores de material con abuso sexual infantil del mundo”, alertó Lucas Moyano. “Actualmente el CIJ está procesando algo así como 50.000 denuncias al año. Las denuncias vienen a través de un canal que se origina en una ONG en los EE.UU. (Ncmec) que tiene convenio con las fuerzas federales de EE.UU. y por otro lado tiene convenios con todas las empresas 2.0 propietarias de todas las plataformas y redes sociales del mundo”, explicó Moyano en Radio Las Flores: