La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina solicitó hoy «con urgencia» la «liberación de las patentes de las vacunas generadas hasta la actualidad contra el virus COVID 19», en una nota enviada a la Relatora Especial sobre el Derecho a la Salud Física y Mental de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a cargo de Tlaleng Mofokeng. «La pandemia ha puesto de relieve no sólo la fragilidad de los sistemas de salud de todo el mundo, tanto de los países desarrollados como de aquellos más empobrecidos, sino la enorme desigualdad en el acceso a los medicamentos y las tecnologías de salud», expresaron desde la APDH Argentina, y agregaron que «la debilidad de los sistemas de salud pública se contrasta con la fortaleza del sector farmacéutico a nivel global». «Desde la APDH señalamos que, en este contexto mundial, el derecho a la salud ha quedado ceñido a las posibilidades que cada país tenga de acceder a las vacunas, las cuales se producen en los laboratorios de los países con mayores ingresos, que además cuentan con derechos de propiedad intelectual, vulnerando un acceso más justo a la salud», continuaron, y lamentaron que «a pesar de que públicamente están a favor de la vacunación global, muchos de los países productores de las vacunas como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza proponen repartir sus propias vacunas recién cuando terminen de vacunar a su población. «Ante esta situación de enorme inequidad en la distribución, desde la APDH solicitamos a través de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, que se deroguen, al menos de manera temporaria, las obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que cualquier país pueda producir las vacunas sin preocuparse de las patentes» y «pedimos que se llegue a una vacunación ampliamente extendida a nivel mundial y que la mayoría de la población mundial esté inmunizada», reclamaron. La petición, que lleva la firma de la copresidencia de la APDH, integrada por María Elena Naddeo, Soledad Astudillo y Guillermo Torremare, concluyó al señalar que «ésta distribución inequitativa es una mala estrategia tanto epidemiológica como económica, dado que si el virus sigue circulando, existen más probabilidades de que surjan nuevas variantes del COVID 19».
Guillermo Torremare, Presidente y abogado en la causa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)